Las garantías legales de los procesos marcarán un antes y un después
Con el cierre del año cada vez más cerca es un buen momento para reflexionar sobre los retos que afrontan las universidades de cara a los próximos doce meses. Hemos hablado en múltiples ocasiones de la necesidad de digitalización por parte de las instituciones educativas tras la pandemia, pero ¿y si ponemos el foco en la certeza jurídica de dichos trámites online? ¿qué supone para la universidad esta nueva frontera en su gestión académica y organizacional?
Evolución
La educación ha sido, sin duda, uno de los sectores que mayores cambios ha vivido en los últimos años. La enseñanza en remoto y las nuevas titulaciones fruto de la aparición de recientes necesidades mercantiles son algunos de los retos que han tenido que afrontar los líderes de las universidades a nivel global. Pero sería un error confiar en que los cambios han cesado en un sector de tal importancia como este. Las universidades deben mostrarse resilientes. Una buena forma de asegurar una transformación exitosa es depositar su confianza en soluciones tecnológicas de calidad, seguras y que generen beneficios a través de la trazabilidad y la transparencia en los procesos académicos y de gestión.
«Todo cambia, nada es» (Heráclito)
Posicionamiento
Si hablamos de “marca” es posible que todos pensemos en sectores que difieren del educativo, pero efectivamente todo tiene una marca, una identidad que lo distingue del resto. Ahora que la oferta académica se ha multiplicado a nivel mundial, los stakeholders de la universidad cuentan con más requisitos a la hora de elegir en qué institución estudiarán, trabajarán o con quién colaborarán en una alianza provechosa a largo plazo. Es por esto por lo que la certeza jurídica surge como un valor añadido en esta competencia, un sello de garantía, de diferenciación.
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